La segunda oportunidad del euro

 
Llegó la hora de coordinar las políticas económicas en la Unión. A ver quién gana: los que quieren más control presupuestario y más Europa o los que prefieren que los Gobiernos manejen como deseen sus cuentas públicas
 
Es sabido que las crisis pueden convertirse en excelentes oportunidades de cambiar y mejorar las cosas. Y eso es exactamente lo que puede pasar con la gobernanza económica, un paso de gigante en la construcción europea. En este proceso ha habido varios intentos de coordinar las políticas económicas nacionales, pero todas han descarrilado. El Tratado de Maastricht, el Pacto de Estabilidad y Crecimiento y la Estrategia de Lisboa han sido los intentos más recientes. Las causas que provocan el descarrilamiento son siempre las mismas: en la medida en que el Consejo de Ministros es el órgano encargado de decidir quién y cuándo ha incumplido con sus compromisos económicos, así como la pena que se le debe imponer, el proceso nace viciado. Ya se sabe que entre bomberos no se pisan las mangueras.
Para entender lo que está pasando conviene recordar que la gobernanza ha sido un mantra del que todo el mundo ha hablado durante mucho tiempo sin que nadie se atreviese a ponerle el cascabel al gato. Pero las cosas han cambiado, porque los contribuyentes no están dispuestos a volver a pagar las extravagancias de Wall Street o de la City. La crisis ha evidenciado que la economía europea era menos flexible que la americana o la de los países emergentes, entre otras cosas porque ha fallado la Estrategia de Lisboa, que no establecía incentivos para los países cumplidores o sanciones para los más perezosos. Y se ha evidenciado que tampoco ha funcionado el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, concebido para garantizar que la prodigalidad de los Gobiernos no arruinase los esfuerzos del Banco Central para mantener la estabilidad de precios, el dogma sobre el que se asienta la construcción europea.
 
La crisis obligó a todos los países de la Unión a poner en marcha unas ayudas públicas astronómicas (más de cuatro veces el PIB español) para evitar que el desastre financiero se convirtiese en recesión como ocurrió en 1929. Entre el 2008 y el 2010, el déficit público de la UE pasó del 2,3% al 7,5% del PIB; la deuda pública del 61,6% del PIB al 80%. La crisis demostró también que no teníamos botes de salvamento cuando el tsunami financiero llegó a nuestras costas. Los ministros de Finanzas tuvieron que arbitrar deprisa y corriendo un mecanismo ad hoc (750 millardos de euros) para ayudar a los países de la zona euro con dificultades serias para refinanciar su deuda en los mercados internacionales, especialmente a Grecia. Todo para salvar al euro. Así las cosas, la Comisión Europea ha puesto encima de la mesa un paquete de medidas bastante ambicioso. El Consejo de Ministros se descolgó con un acuerdo mucho menos ambicioso. El Consejo Europeo, por su parte, hizo un documento bastante vago y el Parlamento todavía no ha dado su opinión, que es importante porque sin la aprobación de la Eurocámara no hay acuerdo que valga.
Con este telón de fondo, se entiende bien que el Parlamento Europeo no quiera que el debate sobre la gobernanza económica se salde una vez más con un mero cambio cosmético, siguiendo la vieja tradición de El Gatopardo. La Comisión ha puesto encima de la mesa un paquete que incluye cuatro piezas fundamentales: el “semestre europeo”; la reforma del Pacto de Estabilidad; el establecimiento de un sistema de control de los desequilibrios macroeconómicos y la puesta en marcha de un marco de gestión de crisis para los países miembros del euro.
 
Se conoce como “semestre europeo”, la primera pieza del puzzle, al periodo de seis meses durante el que se discutirán las políticas presupuestarias de cada uno de los países miembros antes de que sean sometidas a sus respectivos Parlamentos. El Consejo Europeo definirá, en marzo de cada año, los retos económicos de la Unión y aprobará las orientaciones estratégicas necesarias para afrontarlos. Teniendo en cuenta estas orientaciones, los Estados miembros llevarán a Europa, en abril, sus programas de estabilidad y convergencia; en ellos plasmarán sus estrategias presupuestarias a medio plazo y también los programas nacionales de reformas en el que tendrán que hacer constar las políticas que piensan adoptar en ámbitos como el empleo o la inclusión social. Para que esta coordinación temprana funcione, los Estados miembros deberán adoptar procedimientos internos que incluyan a todas las Administraciones y que respondan escrupulosamente a las orientaciones europeas.
 
La segunda pieza del puzzle es la reforma del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, que apunta en tres direcciones: reforzar su dimensión preventiva -especialmente en época de vacas gordas-, asegurar su mejor cumplimiento y, sobre todo, dar más protagonismo que hasta ahora a la deuda pública. Antes de la crisis, se creyó que bastaba con mantener el déficit público por debajo del 3% del PIB para que la deuda pública se situase mecánicamente por debajo del 60%. Como esta convergencia automática no ha funcionado, Durão Barroso, presidente de la Comisión, propone ahora lanzar el procedimiento de déficit excesivo contra aquellos países cuya deuda sea superior al 60% del PIB aunque su déficit público esté por debajo del 3%, siempre y cuando no sean capaces de reducirla a la velocidad de crucero establecida en Bruselas.
 
 
La tercera pieza de este puzzle afecta al control macroeconómico. La crisis ha demostrado también que las finanzas públicas no pueden ser contempladas como una especie de burbuja en el vacío; deben ser analizadas en el marco de la política económica general. Lo que se pretende es detectar los desequilibrios macroeconómicos de cada Estado miembro -incluidos los retrasos en materia de competitividad- antes de que dinamiten las cuentas públicas, tal y como ha ocurrido en Grecia. Cuando se detecte uno de ellos (alarma amarilla), se encargará un análisis a un grupo de expertos independientes, una especie de test de resistencia. Si se confirma que el riesgo existe, la Comisión formulará recomendaciones específicas al país en cuestión. Cuando el país en cuestión no cumpla estas recomendaciones, la Comisión lo pondrá en “posición de desequilibrio excesivo” y lo someterá a un control reforzado que puede conducir a la adopción de las sanciones. Los planes de reforma nacionales serán también revisados por las instituciones europeas para garantizar que son coherentes con la nueva estrategia de crecimiento que llamamos Europa 2020.
 
La cuarta y última pieza es el establecimiento de un marco de gestión de crisis para los países de la zona euro. Se pretende así evitar madrugadas de infarto como la que se vivió en el caso griego. La Comisión quiere establecer procedimientos claros y creíbles que regulen las ayudas a las que puedan tener acceso los países que se encuentran en una situación económica grave.
Quedan por resolver las cuestiones más espinosas de las propuestas de la Comisión. Por ejemplo, qué sanciones aplicar; hay quienes quieren suspender los derechos de voto de los pecadores; otros prefieren cerrarles el grifo de las ayudas comunitarias o imponerles multas. Otro asunto espinoso será determinar quién toma la decisión; unos quieren que sea la Comisión o el Banco Central; otros abogan porque las sanciones sean aplicadas de forma automática; y también hay quienes defienden actuar caso por caso. También será peliagudo definir en qué momento actuar; cuestión clave porque de nada sirve establecer sanciones cuando el país en cuestión se ha endeudado hasta las cejas o haya dejado su economía hecha unos zorros. Habrá que decidir también qué pasa con los países que no forman parte del euro, porque no tiene demasiado sentido que algunas de las sanciones previstas solo puedan aplicarse a los países de la zona euro.
Estas son a muy grandes rasgos las propuestas sobre “gobernanza económica” de la que tanto se va a hablar en los próximos meses. Aunque no todos coincidamos con las propuestas de la Comisión, sabemos que hay que retomar un debate que los Gobiernos aparcaron en el momento del nacimiento del euro y que resulta inaplazable después de una crisis que nos ha dejado tiesos: cuando se forma parte de un club, se tienen derechos, pero también obligaciones. Lo que hay que ver es si ganamos los que queremos más control presupuestario y más Europa o los que prefieren seguir dejando que los Gobiernos hagan mangas y capirotes con sus cuentas públicas.
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Acerca de garciamargallo

Eurodiputado por el PP desde 1994 Licenciado en Derecho (1965); Master of Laws (Harvard, 1972). Doctor en Derecho por la Universidad Miguel Hernández (Alicante) (2002) con la Tesis Doctoral "Una apuesta por el modelo europeo del bienestar". Inspector de Finanzas (1968). Director General de Desarrollo Comunitario del Ministerio de Cultura (1977-1979). Abogado en ejercicio (desde 1990). Diputado al Congreso (1977-1979). Presidente de la Comisión de Peticiones del Congreso de los Diputados (1979-1982). Portavoz de Economía y Hacienda (1986-1989; 1989-1993; 1993-1994). Diputado al Parlamento Europeo (desde 1994). Vicepresidente de la Subcomisión de Asuntos Monetarios (1994-1999). Vicepresidente de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios (1999-2004). Gran Cruz del Mérito Civil (1982). Orden del Mérito Constitucional (1983).
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